Quiénes somos
Almagro Jurídico es un despacho especializado en los ámbitos del Derecho Público y Administrativo con acreditada experiencia en la Administración Pública. Prestamos servicios también en la rama de Derecho Civil y laboral.
Servicios
Servicio de asesoramiento legal y técnico a las administraciones públicas
También ofrecemos consultoría durante la fase administrativa, elaborando informes jurídicos, revisando actos administrativos y apoyando al empleado público en la elaboración y revisión de los mismos.
Además, se presta apoyo en gestión y cumplimiento normativo, consultoría de programas y gestión de recursos humanos.
Derecho Administrativo
- Bienes Públicos
- Contratación Publica
- Realización, desarrollo y apoyo en licitaciones.
- Impugnación, interpretación, modificación y resolución de contratos del sector público.
- Recursos especiales en materia de contratación y vía
contencioso/administrativa.
- Derecho del Deporte
- Derecho del Medio Ambiente
- Derecho Administración Local
- Proyectos de Relación de puestos de trabajo
- Expropiación Forzosa
- Función Pública
- Procedimiento Administrativo Común y Régimen Jurídico del Sector Público
- Procedimiento Administrativo Sancionador
- Procedimiento Contencioso-Administrativo
- Responsabilidad Patrimonial de la Administración
- Servicios Públicos
- Urbanismo y Vivienda
Derecho Civil
- Arrendamientos.
- Derecho de la Persona Física y Jurídica. Asociaciones y Fundaciones.
- Derecho de Sucesiones.
- Derecho Hipotecario.
- Derecho Inmobiliario y Registral.
- Obligaciones y Contratos.
- Propiedad Horizontal.
- Propiedad Intelectual.
- Responsabilidad Civil. Derecho de Daños.
Servicio de asesoramiento legal a empleados públicos
- Laborales
- Funcionarios
- Estatutarios
- El inicio, instrucción y resolución de expedientes disciplinarios
- Bajas o suspensiones de salario
- Despidos
- Discriminaciones en complementos
- Trienios
- Promoción interna
- Desplazamientos
- Cambios de destino
- Situaciones de acoso
- Inhabilitaciones, entre otras
Además, prestamos servicios de asesoramiento legal a los empleados públicos de los distintos Cuerpos y Escalas, tanto de la Administración General del Estado, como de las Administraciones de las Comunidades Autónomas y de la Administración Local.
- Consultoría jurídica relativa al ejercicio de las funciones públicas.
- Asesoramiento jurídico en lo relativo a todo tipo de pruebas selectivas que permiten el acceso al empleo en la función pública.
- Impugnación de procedimientos selectivos, en cada una de sus fases.
- Provisión de puestos de trabajo
- Carrera profesional de los funcionarios públicos.
- Jornada de trabajo, vacaciones y permisos de los funcionarios públicos.
- Régimen disciplinario (formalización de alegaciones e interposición de recursos en tales expedientes disciplinarios).
- Situaciones administrativas de los funcionarios
- Indemnizaciones.
- Pérdida de la condición de funcionario, situaciones de incompatibilidad y rehabilitación de los mismos.
- Régimen de Interinos
Derecho Laboral
- Despidos.
- Reclamación de cantidad.
- Sanciones.
- Modificación sustancial de las condiciones de trabajo.
- Accidentes de trabajo.
- Acoso laboral.
- Incapacidad.
- Clasificación profesional.
- Movilidad geográfica.
- Dº Conciliación vida personal, familiar y laboral.
Derecho Notarial y Registral
- Actas notariales, autenticaciones de firmas, certificaciones, declaraciones juradas.
- Otorgamiento de traspaso de bienes, constitución y/o cancelación de hipotecas y prendas.
- Capitulaciones matrimoniales, testamentos, sucesiones notariales.
- Constitución, disolución, liquidación y/o reforma de sociedades; otorgamiento de poderes.
- Anotaciones preventivas.
- Inscripción de traspaso de bienes, inscripción y/o cancelación de hipotecas y prendas.
- Inscripción, disolución, liquidación y/o reforma de sociedades; inscripción de poderes.
- Expedientes de dominio.
- Rectificación de cabida bienes inmuebles.
- Inmatriculaciones.
- Registro de Marcas, derechos de Autor y conexos.
Casos de éxito
El Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 1 de Ciudad Real anula un decreto municipal sobre Transferencia de Aprovechamiento Urbanístico (TAU).
El Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 1 de Ciudad Real ha dictado la Sentencia, estimando el recurso interpuesto por nuestros clientes contra el Ayuntamiento de Ciudad Real. La resolución judicial declara nulo el Decreto dictado por el que el Ayuntamiento requería el abono de 11.865,01 € (9.805,80 € más IVA) como cuantificación económica de una diferencia de aprovechamiento urbanístico vinculada a la técnica de Transferencia de Aprovechamiento Urbanístico (TAU). Según la sentencia, de la prueba practicada resulta que el solar objeto del litigio tiene la condición de suelo urbano consolidado, y que, por ello, no procede aplicar el régimen de transferencias de aprovechamiento urbanístico en los términos utilizados por el Ayuntamiento. La resolución recoge que el artículo 132 del Decreto 29/2011, de 19/04/2011, limita esta técnica a suelo urbano no consolidado o suelo urbanizable. El fallo establece que el Ayuntamiento deberá devolver las cantidades ingresadas por este concepto, en caso de haber sido abonadas por la parte actora. La sentencia es firme.2
El Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 2 de Ciudad Real desestima la demanda de la sociedad mercantil actora contra nuestro cliente (administración pública local).
El Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 2 de Ciudad Real ha dictado la Sentencia, por la que desestima el recurso contencioso-administrativo interpuesto por la sociedad mercantil actora, frente a nuestro cliente (administración pública local), en un procedimiento ordinario con cuantía de 57.341,16 euros.
El recurso tenía por objeto la impugnación de varias Resoluciones de Alcaldía. La parte recurrente solicitaba la estimación de la demanda, la nulidad de dichas resoluciones y sostenía, entre otros extremos, que el contrato público había perdido vigencia, cuestionando la exigibilidad de determinadas cantidades por canon y suministros (energía eléctrica y gas), así como alegando la existencia de errores en facturación y defendiendo la improcedencia de importes devengados con posterioridad a la finalización del contrato.
Por su parte, el Ayuntamiento se opuso al recurso, negando la existencia de causa de nulidad, defendiendo la continuidad de la prestación del servicio y argumentando que la actora había seguido gestionando el centro y percibiendo ingresos, considerando improcedente la compensación fuera del mecanismo de ejecución de sentencias.
La sentencia concluye, a la vista del pliego y del expediente, que la relación jurídica entre las partes se enmarca en un contrato administrativo especial cuyo objeto es una concesión administrativa de uso de un bien municipal de dominio público, y considera acreditado que la mercantil recurrente continuó percibiendo ingresos de usuarios y subvenciones públicas, por lo que se entiende obligada a abonar los conceptos de suministros y canon pactados en virtud de la relación jurídica existente.
El fallo declara conformes a Derecho las resoluciones impugnadas y acuerda la condena en costas a la parte actora, conforme al artículo 139 de la Ley Jurisdiccional.
La sentencia se encuentra recurrida en el TSJ CLM.
El Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 1 de Ciudad Real estima un recurso contra una sanción de tráfico y ordena la devolución.
El Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 1 de Ciudad Real ha dictado la Sentencia, por la que estima el recurso contencioso-administrativo interpuesto por nuestra cliente frente al acto presunto de desestimación por silencio administrativo de un recurso de reposición contra el Decreto dictado por el Ayuntamiento de Ciudad Real. La resolución judicial declara la nulidad del citado Decreto por no ser ajustado a derecho y acuerda el archivo del expediente administrativo por prescripción de la infracción, en aplicación del artículo 112 del Real Decreto Legislativo 6/2015. Asimismo, el fallo condena al Ayuntamiento de Ciudad Real a restituir a la actora la cantidad de la sanción, e impone las costas a la administración demandada. La sentencia es firme.Videoconsultas
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Tarifas
- Consulta sin documentación: 75€
- Consulta con documentación: 150€
- Redacción de informe y/o borrador de inicio de acciones judiciales previa a su presentación: 605€